lunes, 11 de marzo de 2013

Hipotecados

El régimen franquista promovió la adquisición de vivienda en propiedad con el fin de frenar la emigración de los trabajadores españoles quienes llevaban sus ahorros al extranjero. El derecho a una vivienda siguió promoviéndose en los primeros años del nuevo periodo democrático.

Pero la Ley del Suelo de 1998 liberalizó el terreno y todo el país pasó a ser urbanizable. El precio de la vivienda ascendió y las hipotecas se alargaron en el tiempo, eran las "hipotecas de por vida".

Con la crisis económica muchas familias no han podido hacer frente a las abusivas hipotecas y los desahucios se han multiplicado por cinco dejando sin casa a más de 350.000 familias entre 2007 y 2011 (240 familias cada día). Mientras se estima que en nuestro país hay seis millones de casas vacías y casi 800.000 nuevas sin vender (perteneciendo mayoritariamente a las entidades bancarias).

En el año 2012, ante el agravamiento de la situación, el Gobierno de la nación aprueba dos decretos que postergan el desahucio. Una medida "de cara a la galería" que no afronta el problema de forma suficiente. No hay intención de revisar el sistema hipotecario, el precio de la vivienda y su alquiler, el derecho a techo y la inadmisible existencia de viviendas vacías.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) es el principal movimiento que aborda esta cuestión en nuestro país y promueve una Iniciativa Legislativa Popular sobre la dación en pago que recientemente ha sido aceptada por el Congreso (y, según las encuestas, es apoyada por el 87% de los españoles).

El pasado mes de diciembre la editorial Cuadrilátero de Libros publicaba "Vidas hipotecadas", un libro escrito por los fundadores de esta plataforma que explica las causas, señala a los responsables de esta situación, analiza el papel que han tenido las administraciones públicas, pone de manifiesto la lucha que desde la PAH se está llevando a cabo, con testimonios en primera persona, y ofrece consejos y recursos útiles para defender el derecho a la vivienda y evitar los abusos de poder de las entidades bancarias.

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